Fotografía - Camilo Cuellar (DDHH)
Detrás de cada persona desaparecida hay una historia que continúa, una familia que pregunta y alguien que sigue buscando. En Colombia, esa búsqueda ha sido sostenida, en gran medida, por mujeres: madres, hermanas, hijas, parejas y familiares que, durante años e incluso décadas, han recorrido territorios, reunido pistas y exigido respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.
En el Día Nacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Víctimas de Desaparición Forzada, el país reconoce su aporte a la verdad, la justicia y la construcción de paz. Su trabajo ocupa un lugar fundamental en la defensa de los derechos humanos en Colombia y forma parte de una lucha que también atraviesa a Latinoamérica.
La búsqueda tiene rostro de mujer
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) registra un universo de 137.000 personas dadas por desaparecidas en razón y en el marco del conflicto armado colombiano, antes del 1 de diciembre de 2016. Detrás de esta cifra hay nombres, vínculos y proyectos de vida cuyo destino sus familias tienen derecho a conocer.
La desaparición y la búsqueda tienen impactos diferenciados. Mientras los hombres representan la mayoría de las personas dadas por desaparecidas, las mujeres han asumido mayoritariamente la búsqueda de sus familiares. A esta labor se suman, muchas veces, las responsabilidades del cuidado y del sostenimiento de sus hogares.
Con sus conocimientos, su organización y su persistencia, las buscadoras han contribuido a mantener abiertas las preguntas y a defender el derecho a obtener respuestas. Su experiencia debe ser escuchada y reconocida en las decisiones que afectan sus vidas y los procesos de búsqueda.
Reconocerlas también significa protegerlas
Buscar ha implicado enfrentar riesgos. Las mujeres buscadoras han sufrido persecución, amenazas y estigmatización relacionadas con su labor, situaciones que afectan su seguridad, su bienestar y el ejercicio de sus derechos.
La Ley 2364 de 2024 reconoce a las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada como constructoras de paz y sujetos de especial protección constitucional. Además, establece deberes del Estado y medidas orientadas a su protección integral.
Esta misma ley instituyó el 23 de octubre como el día nacional para reconocer su contribución al esclarecimiento de la verdad, la justicia, la memoria histórica, la defensa de los derechos humanos y las garantías de no repetición.
Una responsabilidad que nos convoca
Para Bogotá, esta conmemoración es una oportunidad para reconocer a las mujeres buscadoras, escuchar sus experiencias y contribuir a que su labor se ejerza sin discriminación ni estigmatización.
Su persistencia no puede convertirse en una razón para dejarlas solas. Honrar su trabajo exige reconocer sus derechos, respetar sus voces y recordar que la búsqueda compromete al Estado y a toda la sociedad.
Porque toda persona merece ser buscada y encontrada. Y quienes buscan merecen protección, acompañamiento y respuestas.