Centro Memoria fue el escenario de esta Mesa de Alertas.
Las Alertas Tempranas, como mecanismo de prevención, han permitido monitorear dinámicas de violencia y advertir sobre riesgos contra la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de poblaciones vulnerables y socialmente estigmatizadas.
La Mesa Técnica de Seguimiento a Violaciones de Derechos Humanos y Alertas Tempranas se reunió en sesión extraordinaria para evaluar los riesgos consumados y persistentes que enfrentan personas defensoras de derechos humanos en Bogotá. La convocatoria respondió a los oficios de consumación emitidos por la Defensoría del Pueblo en enero de 2026, los cuales evidenciaron la materialización de amenazas previamente advertidas mediante Alertas Tempranas, y demandaron una acción oportuna con enfoque territorial.
En este marco, la Mesa funciona como un espacio de evaluación de la respuesta institucional frente a escenarios reales.
Una herramienta de articulación para la prevención y la protección
Desde su creación mediante el Decreto 204 de 2023, la Mesa Técnica se consolidó como una respuesta rápida ante escenarios de riesgo en Bogotá. Su funcionamiento permite articular a entidades del orden nacional y distrital, con el propósito de generar acciones coordinadas orientadas a la prevención, la protección y el seguimiento de los grupos poblacionales identificados en riesgo por la Defensoría del Pueblo.
Durante la sesión se recordó que los oficios de consumación constituyen actos administrativos de carácter preventivo-correctivo, mediante los cuales la Defensoría deja constancia institucional de que una vulneración o amenaza a los derechos humanos ya se materializó. Esto puede producir consecuencias jurídicas o fácticas que se prolongan en el tiempo y que exigen una respuesta reforzada por parte del Estado.
El caso de un riesgo advertido que fue consumado
Uno de los puntos centrales de la sesión fue el análisis del oficio de consumación emitido en enero de 2026 por la Defensoría del Pueblo, en el que se confirmó la materialización del riesgo advertido en las Alertas Tempranas relacionadas con amenazas, hostigamientos y seguimientos contra un líder social. El documento exhortó al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) a fortalecer la articulación interinstitucional y adoptar medidas urgentes de protección.
Desde la Dirección de Derechos Humanos se informó que, desde 2024, se habían adelantado acciones de abordaje, priorización y seguimiento del caso, incluyendo la activación de la Ruta Distrital de Atención, la gestión ante el CIPRAT, el acompañamiento en la valoración del riesgo ante la UNP y la reactivación inmediata del caso tras la recepción del nuevo oficio de consumación en enero de 2026.
Caso de Los Mártires
La sesión analizó la situación de seguridad en la localidad de Los Mártires a partir del oficio de consumación emitido en enero de 2026, en el que la Defensoría del Pueblo confirmó la materialización de los riesgos advertidos en las Alertas Tempranas 004 de 2024 y 019 de 2023.
El análisis evidenció afectaciones diferenciadas sobre mujeres trans, organizaciones sociales y liderazgos comunitarios, así como dinámicas de violencia ligadas al control territorial y economías ilegales. También se revisaron hechos de alto impacto ocurridos en enero de 2026 y el reacomodo de estructuras criminales que habría dejado, durante 2025, al menos seis muertes y más de 32 personas heridas, lo que motivó un seguimiento prioritario por parte de la Mesa.
Frente a este panorama, la Dirección de Derechos Humanos destacó el desarrollo de una presencia territorial sostenida en Los Mártires, mediante jornadas pedagógicas, recorridos, procesos de formación, fortalecimiento de rutas de atención y participación en instancias locales. Estas acciones priorizaron enfoques diferenciales, especialmente para población LGBTI, mujeres trans, liderazgos comunitarios y personas en contextos de alta vulnerabilidad.
Durante 2025 se implementaron jornadas territoriales con participación de varias entidades distritales en localidades priorizadas, incluida Los Mártires, con resultados de alto impacto. El 52 % de las personas beneficiarias fueron personas que realizan Actividades Sexuales Pagadas y el 49 % fueron mujeres, con una participación significativa de personas transgénero, lo que reafirmó la necesidad de respuestas integrales y con enfoque de derechos.
La Ruta Distrital como eje de prevención y seguimiento
En el balance presentado durante la instalación de la Mesa se resaltó que, entre las vigencias 2024 y enero de 2026, la Ruta Distrital de Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos registró 4.482 atenciones, garantizando atención psicosocial y jurídica al 100 % de los casos conocidos. En este mismo periodo, 758 personas fueron atendidas por primera vez, lo que confirma la centralidad de la Ruta como mecanismo de prevención, protección y seguimiento.
El incremento de las atenciones, con un crecimiento del 34,7 % entre 2024 y 2025, y el aumento del 56,6 % en las acciones de seguimiento, reflejaron un fortalecimiento de la capacidad institucional, orientado no solo a la recepción de nuevos casos, sino a la continuidad y profundidad del acompañamiento en situaciones de riesgo.
Conclusiones y compromisos
La sesión extraordinaria permitió identificar brechas en la respuesta institucional y definir compromisos claros entre las entidades competentes. Asimismo, se establecieron líneas de seguimiento a los oficios de consumación y se recogieron asuntos complementarios relacionados con la protección de personas defensoras de derechos humanos.
El objetivo central fue fortalecer el seguimiento a los riesgos consumados, articular respuestas más eficaces y reafirmar el mandato institucional de garantizar la vida, la integridad y la labor de quienes defienden los derechos humanos en Bogotá.
