Un ejercicio de dignidad.
Esta jornada estuvo marcada por el compromiso y la empatía: 10.451 personas viven actualmente en situación de habitabilidad en calle en la ciudad, de las cuales 9.455 son hombres y 996 son mujeres.
El Auditorio Huitaca se convirtió en un punto de encuentro para reflexionar y actuar frente a una de las problemáticas sociales más profundas de Bogotá: la habitabilidad en calle. Bajo el título “Normatividad vigente para la atención a personas en habitabilidad de calle y procedimientos para el retiro de cambuches en los territorios”, la jornada de sensibilización convocó a representantes de alcaldías locales, entidades distritales, líderes y lideresas comunitarias de toda la ciudad.
Esta jornada estuvo marcada por el compromiso y la empatía: 10.451 personas viven actualmente en situación de habitabilidad en calle en la ciudad, de las cuales 9.455 son hombres y 996 son mujeres. Esta realidad se concentra especialmente en las localidades de Los Mártires, Santa Fe y Kennedy, lo que evidenció la magnitud del reto colectivo.
Rostros detrás de las cifras
Los datos no fueron presentados como simples estadísticas, sino como historias de vida. Se recordó que cada número representa un rostro, un nombre, un pasado y una esperanza. Las personas participantes escucharon los testimonios de las dificultades que enfrentan estas personas: la exclusión, el estigma y la instrumentalización por parte de actores ilegales en lugares como Barrios Unidos, Puente Aranda y Antonio Nariño, donde son incentivadas a participar en actividades ilícitas a cambio de dinero o sustancias psicoactivas.
Esta realidad no solo afecta a quienes habitan en la calle, sino que también genera tensiones con las comunidades locales, especialmente en zonas como Paloquemao, Plaza España y Eduardo Santos, donde los cambuches y el consumo de sustancias incrementan la percepción de inseguridad.
Una jornada para aprender y coordinar esfuerzos
Durante la jornada, se reiteró que las alcaldías locales necesitan sensibilización jurídica para conocer los alcances legales de las acciones frente a esta población. Se enfatizó la importancia de garantizar intervenciones respetuosas de los derechos humanos, ajustadas al marco legal vigente.
Uno de los mensajes más inspiradores fue el llamado a la coordinación institucional. Se destacó que ninguna entidad puede enfrentar este desafío sola. Por ello, la colaboración entre las Secretarías de Gobierno, Seguridad, Integración Social, Desarrollo Económico y las direcciones de Derechos Humanos y Diálogo Social resulta esencial. Se propuso fortalecer los Comités Civiles de Convivencia como espacios de planeación conjunta, para que las respuestas no sean fragmentadas, sino integrales.
Hacia un futuro con más humanidad
Este encuentro fue más allá de lo técnico y llegó a ser un acto de reconocimiento humano. Se habló de la necesidad de prevenir la instrumentalización de las personas en calle y de fortalecer la presencia de la Policía y la justicia para desarticular las redes que las explotan.
Además, se remarcó que la solución no está únicamente en el retiro de estructuras no convencionales, conocidas como cambuches, sino en ofrecer atención integral: acceso a programas de rehabilitación, salud mental, albergues y oportunidades de reintegración laboral. Se planteó que reducir la permanencia en el espacio público requiere mirar a cada persona con dignidad y tender puentes hacia una vida diferente.
Sembrando respeto y convivencia
La jornada concluyó con un llamado del Observatorio de Conflictividad Social y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno a gestionar los conflictos comunitarios desde el diálogo y la empatía. Se resaltó la importancia de promover campañas educativas que reduzcan la estigmatización y fomenten la convivencia, recordando que la calle no es solo un espacio físico, sino un escenario donde convergen historias, derechos y sueños.
La verdadera transformación comienza cuando la sociedad decide ver, comprender y actuar unida para que nadie quede atrás.
