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SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

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DEFENSA DEL ESPACIO PÚBLICO

El DADEP por qué nos cobran agua comercial estrato tres a los salones comunales en el caso del Barrio Montebello cuando se presta gratuitamente a las entidades oficiales entre otros.

 

  • Ciudadan@:   LUZ PATRICIA MARTINEZ
  • Localidad:      San Cristóbal

Datos de contacto

  • Dependencia: Líder Área Defensa – Subdirección de Administración Inmobiliaria y de Espacio Público.
  • Entidad: Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
  • Teléfono: 3822510 EXT. 1081

Respuesta: Se procedió a ubicar el salón comunal del Barrio Montebello en la Localidad de San Cristóbal, en el Mapa Digital del Sistema de Información SIGDEP, tal y como se muestra a continuación:

El salón comunal Montebello se encuentra ubicado en un predio público de propiedad del Distrito Capital de Bogotá,  identificado con el RUPI 546-24 del sector Catastral MONTEBELLO.

Al respecto y por encontrarse el salón comunal en un predio de uso público, es aplicable la Resolución 0694 de 2006 “por la cual se establece la tarifa aplicable para el cobro de los servicios de acueducto y alcantarillado a los muebles, inmuebles en donde funcionan salones comunales” en la cual se establece un procedimiento para la aplicación de una tarifa especial a este predio, el cual debe ser solicitado por la Junta de Acción Comunal ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 

¿Por qué hay espacios invadidos por décadas sin una solución pronta afectando la movilidad y seguridad ciudadana, caso particular calle 27 sur y alameda de la sexta en el 20 de julio?

 

  • Ciudadan@:     No informa
  • Localidad:    No informa

Datos de contacto

  • Dependencia: Líder Área Defensa – Subdirección de Administración Inmobiliaria y de Espacio Público.
  • Entidad: Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
  • Teléfono: 3822510 EXT. 1081

Respuesta: Previo a responder la pregunta es preciso determinar que la competencia para adelantar la recuperación de los espacios públicos invadidos es exclusiva de los alcaldes locales por mandato legal. De igual forma, los problemas colaterales de movilidad y seguridad ciudadana deben ser controlados por las autoridades policivas de tránsito y por la policía metropolitana de Bogotá respectivamente. Es decir, la Defensoría del Espacio Público no tiene dentro de sus competencias ni funciones, el control de los vendedores informales que ocupan indebidamente el espacio público ni los problemas que dicha ocupación genera a la movilidad y la seguridad ciudadana.

No obstante, la Defensoría del Espacio Público dentro de su misión, sí le corresponde la asistencia, asesoría y apoyo jurídico, técnico y logístico cuando las autoridades locales lo requieran para el ejercicio de recuperación y control del espacio público.

Para el caso concreto de las ocupaciones por vendedores informales en el sector de su interés, existe la ACCION POPULAR 2001-00317, sobre el barrio VEINTE DE JULIO, interpuesta por el señor  RICARDO CIFUENTES SALAMANCA contra la ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL, DADEP, COMANDANTE DE POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA Y FONDO DE VENTAS POPULARES (hoy IPES). En dicha Sentencia le correspondió al DADEP prestar la asistencia, asesoría y apoyo en los procesos pedagógicos de concientización a la población afectada con el fallo judicial dentro de las acciones que adelante la administración Local. Sobre el particular, existe suficiente evidencia en el expediente de la Acción Popular que demuestra que el DADEP ha cumplido a cabalidad con todas las actividades que se le asignaron de acuerdo a nuestra competencia:

En el fallo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó el 16 de mayo de 2002 la reubicación de los vendedores informales ubicados en el sector del 20 de Julio; el Consejo de Estado con sentencia del 30 de abril de 2003, resolvió la apelación interpuesta por las partes al fallo de 1ª instancia.

En desarrollo de la sentencia referida, la Administración Distrital ha expedido los decretos 462 de 2003 y 098 de 2004, este último incorporando de manera puntual todas las garantías constitucionales que se deben respetar a los vendedores informales antes de recuperar el espacio público.
En audiencia de verificación de cumplimiento de fallo celebrada el 06 de septiembre de 2012 en el Tribunal Administrativo De Cundinamarca, la magistrada Dra. Beatriz Teresa Galvis Bustos dio cuenta del cumplimiento de las órdenes judiciales por parte de las entidades distritales involucradas, e instó al Instituto Para la Economía Social – IPES, con la finalidad que de cumplimiento al acuerdo logrado en audiencia de comité de verificación de fecha 12 de marzo de 2012, es decir, resolver los problemas físicos de las instalaciones del recinto ferial del 20 de Julio, e iniciar la reubicación de los vendedores informales cobijados con las sentencias citadas.

Adicionalmente a las actividades asignadas al DADEP, hemos participado en los procesos de reubicación de algunos vendedores (Local de comidas y reubicación de vendedores de frutas y hortalizas), y en los constantes operativos de control de espacio público a los cuales hemos sido convocados por las autoridades locales, así como a las reuniones de control, seguimiento y concertación adelantadas en la Secretaria Distrital de Gobierno para este asunto.

Así mismo, en los años 2011 y siguientes se programaron los grupos de servidores del DADEP que colaborarían con la Alcaldía Local de San Cristóbal y la Policía Metropolitana en los operativos de control para prevenir el incremento en la ocupación de vendedores informales sobre la calle 27 sur desde la carrera 5 hasta la carrera 10; control y recuperación sobre la carrera 6 desde la carrera 27 sur hasta la carrera 22 sur, finalizando sobre la carrera 10 desde la calle 22 sur hasta la calle 33 sur.

Para la ejecución de estos operativos se prestó de manera permanente el apoyo y asesoría de un profesional del Departamento, quien además de trabajar con los vendedores informales en la sensibilización sobre la importancia de la autorregulación y el cumplimiento del acuerdo firmado con la Alcaldía Local en las reuniones de “nodos de vendedores”, también ha prestado asesoría permanente en la divulgación y aplicación del Decreto 098 de 2004 y demás normatividad urbana aplicable como conceptos de uso del suelo, entre otros aspectos.
Se realizó permanente actividad de pedagogía y sensibilización con los vendedores de verduras que se ubican en el costado norte de la Plaza de Mercado del “20 de Julio” para que respeten los espacios destinados para el tránsito vehicular y peatonal y se organicen en el andén norte de la calle 25 sur, sin ocupar la bahía de estacionamiento con carretas y guacales.
 
Sobre la carrera 10ª entre calles 27 sur y 22 sur, se realizaron operativos de decomiso de mercancías por parte de la Policía con la participación de un representante del Ministerio Público, toda vez que este sector se considera zona recuperada y no hace parte del Pacto de Convivencia, aprobado por la providencia de la cual hoy se hace seguimiento (documento que rige las relaciones y normas de convivencia temporal de los vendedores informales sobre la calle 27 sur).
De manera simultánea, se han venido adelantando reuniones interinstitucionales con la participación de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Gobierno, el Instituto para la Economía Social – IPES, la Alcaldía Local de San Cristóbal y la Defensoría de Espacio Público, con el fin de orientar las acciones jurídicas y policivas que deben ejecutar las distintas entidades del Distrito Capital en razón de las competencias dadas a cada una de ellas.