Justicia
Justicia formal En Bogotá, hacen parte del Sistema Distrital de Justicia diferentes actores voluntarios de convivencia que han sido capacitados para intervenir en la tramitación de los conflictos ciudadanos.
Para brindar estos servicios se cuenta con una oferta desconcentrada y autónoma de ciudadanos que se clasifican en promotores de convivencia, mediadores comunitarios, conciliadores en equidad.
La Administración distrital ha construido un modelo de mediación para abordar la conflictividad en Bogotá, que no solo ha significado articular y fortalecer los mecanismos de resolución judicial o administrativa de los conflictos, sino también aquellos denominados de justicia comunitaria que, además de servir de instrumento para dinamizar el acceso a la justicia, dada su gratuidad y proximidad, evitan que en el curso de un trámite formal se deteriore el tejido social o las relaciones interpersonales.
Para brindar estos servicios se cuenta con una oferta desconcentrada y autónoma de ciudadanos que se clasifican en promotores de convivencia, mediadores comunitarios, conciliadores en equidad.
Todos ellos prestan sus servicios en el barrio y, para tal fin, tienen dispuestos espacios denominados Puntos de Atención Comunitaria (PAC). Incluso, cuando se considere útil, pueden atender a los usuarios en las salas de conciliación de las casas de justicia y centros de convivencia con previa coordinación con las unidades de mediación y conciliación.
Ingrese aquí al Sistema de Información e Indicadores , que permite la sistematización de datos de las Unidades de Apoyo a la Justicia Comunitaria y de los Actores Voluntarios de Convivencia Comunitaria.
Los servicios de justicia formal en el Distrito Capital son prestados por las diferentes autoridades facultades para tal fin por la Constitución y la Ley, entre los cuales se destacan: los jueces de la República, fiscales, las autoridades administrativas nacionales y distritales. Estas autoridades intervienen en la resolución de los conflictos que se someten a su conocimiento con estricta sujeción a la Ley, en cuanto a procedimientos y a los aspectos sustantivos.
El objetivo principal de la justicia formal es el de reestablecer los derechos de los ciudadanos y, en consecuencia, el equilibrio a las relaciones ciudadanas y para ello se organiza temática y territorialmente de manera tal que se garantice el acceso a ella.
En lo que concierne a las responsabilidades de la Secretarías de Gobierno y de Integración Social, los servicios de justicia administrativa y policiva están representados por las alcaldías locales, los inspectores de policía, el Consejo de Justicia y las comisarías de familia, los cuales funcionan articuladamente con la Policía Metropolitana.
Con el fin de articular la totalidad de los servicios de justicia de Bogotá, han sido desarrolladas las casas de justicia y los centros de convivencia. A través de éstos, no solo se pretende llevar una oferta integral de justicia a cada una de las localidades sino también lograr la mayor integración posible, en aras de ofrecer un servicio oportuno y de la mejor calidad.
Durante los últimos tres años, el Consejo de Justicia ha logrado evacuar el 100% de los expedientes existentes, con radicación anterior a 2007. Para lograr resolver el alto volumen de expedientes, se generó la necesidad de contar con más recurso humano para las tareas de sustanciación y notificación y se hizo visible la necesidad de un profesional de apoyo técnico en materias urbanísticas y afines.
El Consejo de Justicia es una dependencia de la Secretaría Distrital de Gobierno, cuyo objetivo es buscar la eficacia e interrelación de la institucionalidad con la ciudadanía, desde una perspectiva de justicia social.
El Consejo de Justicia resuelve en segunda instancia las actuaciones policivas de las alcaldías locales y las inspecciones de policía. Está compuesto por una sala plena y por tres salas de decisiones de contravenciones: civil, penal y urbanística y de espacio público e infracciones administrativas.
Los principales asuntos que maneja el Consejo son el control policivo a establecimientos de comercio, infracciones urbanísticas y espacio público.
Es así como actualmente se cuenta con tres profesionales y nueve abogados contratistas para sustanciación y un ingeniero civil para labores técnicas de expedientes de obras, espacio público y establecimientos de comercio.
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